Nicán de la Soledad, Juxtlahuaca, Oaxaca, México, 5 de junio de 2012: Este día se dio el banderazo en el kilometro 4, para la pavimentación de la carretera que comunica de Santa Rosa Caxtlahuaca a Ñuu Nuu Yuku (San Miguel Cuevas), en su primera fase de un total de 12 kilómetros. Beneficiará a varias comunidades como son Nicán de la Soledad, Rancho Nuevo, Yuchio Bajo y Alto, San Lorenzo Manzanal, Infernillo, Yutasaní e incrementará las visitas a la famosa Gruta de San Miguel Cuevas, lo cuál sería beneficiará a la comunidad.

La solicitud inicial lo hizo Flavio Platón Gil, Agente Municipal y Leoncio Vásquez Santos, Secretario Municipal de San Miguel Cuevas en el 2009, le dio seguimiento Pedro Gil Galindo, Agente Municipal con Juventino Villegas Ramírez, Secretario en el 2010, año en que se validó el proyecto, igualmente Rufino Ventura Santos, Agente Municipal y Juan Melchor Guzmán Rojas, Secretario en el 2011. Finalmente ahora, se hizo realidad en el periodo de Emilio Salazar Santos, actual Agente Municipal de éste año con Benito Juárez Ventura, Secretario Municipal, casi todos son migrantes internacionales.

Bajo un sol quemante se reunieron cientos de personas de esas comunidades, para presenciar este acto histórico para estas comunidades, con 3 bandas de viento de la comunidad de San Miguel Cuevas, quienes tocaron innumerables dianas y los aplausos por la alegría que se veía en la cara de cada una de las personas presentes.
Además acudieron las autoridades municipales de cada una de las comunidades beneficiarias, así como Alejandrino Juan Esteve Rojas, Agente Municipal de Santa Rosa Caxtlahuaca, Bienes Comunales del barrio de Santo Domingo Juxtlahuaca y Miguel Mejía Sierra, Presidente Municipal de Juxtlahuaca, entre otros políticos a nivel federal. En su oportunidad, Emilio Salazar Santos, Agente Municipal de San Miguel Cuevas, reconoció a quienes tuvieron la iniciativa de empezar esto y quienes le dieron seguimiento, así como las dependencias del gobierno federal y estatal.

Posterior a esta ceremonia, toda la gente fueron invitadas a ir a San Miguel Cuevas, para convivir con una deliciosa barbacoa de chivo con masa y bebidas con los habitantes de ese lugar, acompañados con las bandas de vientos y sus famosas chilenas, ofrecida a las y los invitados por las autoridades municipales de la comunidad.

Con esto inicia una nueva etapa en la historia de esta comunidad Ñuu Savi** (mixteca), donde la inmensa mayoría de sus hijos e hijas se encuentran fuera de ella en la ciudad de México, Sinaloa, Baja California y a muchas partes de los Estados Unidos. Quienes seguramente estarán muy contentos por esta buena noticia que se esperaba desde hace mucho tiempo.

Recuerdo que a finales de 1978, a través de tequio de los comuneros de San Miguel Cuevas, con picos, palas, machetes y hachas, construyeron la primera brecha carretera de Santa Rosa Caxtlahuaca, pasando por San Antonio del Progreso hasta llegar a la comunidad, tardaron más de un año para terminarlo en 1979. Fue así que llegó el primer carro a la comunidad y poco a poco dejaron de caminar por más de 3 horas para llegar a Juxtlahuaca y viceversa, y de usar los animales de carga como los caballos y burros.

Después en 1981, se comenzó a trabajar con las maquinarias pesadas a la carretera actual que pasa por Nicán de la Soledad y llegó al pueblo al principio de 1982. Quedó un poco mejor y se abandonó un poco la carretera que fue hecha a pura mano, sudor y mucho sacrificio de los comuneros que muchos de ellos ya no viven ahora.

A finales de la década de los 70s y principios de los 80s, fueron años de mucho trabajo en la comunidad ya que en 1978, se construyó la clínica de salud, en 1979 se introdujo el agua potable y en 1980 se introdujo la luz eléctrica. Todo esto ha cambiado totalmente la vida de cada una de las personas de este lugar de manera irreversible y olvidada en la vida pasada.

Ahora esta nueva era de la comunidad, tendrá otro cambio importante, pero será más peligroso el camino por las altas velocidades que muchos conductores acostumbran manejar. Lo que sí es cierto que llegarán muchísimos visitantes y serán bienvenidos para disfrutar lo que brinda la Madre Naturaleza para el deleite de los ojos en esta parte del Estado de Oaxaca.

Felicidades a todas las personas que son de Ñuu Nuu Yuku.

*Pueblo sobre la montaña o entre el monte en el idioma Mixteco.
**Pueblo de la Lluvia en Mixteco.

Entre aquí: https://www.myoneeapp.org

Parte 2 – Creciente Dependencia en Programas de Trabajadores Huésped

En los últimos 25 años, los programas de trabajadores huésped se han convertido crecientemente en un vehículo para canalizar esta migración. Un alto número de trabajadores huésped es reclutado cada año para trabajar en Estados Unidos, procedentes de México, Centroamérica y el Caribe, bajo los programas H1-B, H2-A y H2B. Los reclutadores prometen altos sueldos y cobran miles de dólares por las visas, cuotas y transporte. Al momento de salir de sus casas, las deudas de los trabajadores huésped resultan aplastantes.

En el 2007, el Centro Legal Sureño Sobre la Pobreza emitió el reporte “Cerca a la Esclavitud”, documentando el trato a los trabajadores huésped. Nadie recibe pago por el trabajo extra que realiza, sin importar que la ley establece lo contrario. Las compañías cobran a los trabajadores por el uso de herramientas, comida y vivienda. Cotidianamente, los trabajadores son sujetos de trampas y engaños. Las protestas recientes han expuesto la explotación de trabajadores huésped reclutados de la India para trabajar en el astillero de la empresa Signal International, en Mississippi. Los migrantes pagaron entre 15 y 20 mil dólares por cada visa, vivían en barracas en el campamento y tenían que levantarse a las 3:30 de la madrugada para usar el baño porque no había suficientes para cada persona. La compañía recortó salarios, mantuvo presos a seis trabajadores para luego ser deportados y despidió a su líder Joseph Jacobs. En el 2006, Santiago Rafael Cruz, un dirigente del Comité Organizador de Trabajadores del Campo fue asesinado cuando el sindicato trató de establecer una oficina en México para terminar con la corrupción y el abuso de los contratistas de trabajadores huésped.

Graton, California — Rafael Cisneros, un trabajador de H2-A, mira a una foto de su hijo, que el dejo en Mexico cuando vino a trabajar en los EEUU.

Si los trabajadores protestan contra este trato, son boletinados para que el próximo año ya no sean contratados. El hecho de protestar no lograría nada bueno de todas maneras. Durante la pasada administración, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos casi nunca descertificó a un contratista de trabajadores huésped, sin importar cuántas quejas hayan sido interpuestas en su contra. La industria del papel depende de este sistema. Hace 20 años, dejó de contratar trabajadores desempleados domésticamente y comenzó a reclutar trabajadores huésped. Como resultado de esto, los costos de la mano de obra en los bosques se han mantenido bajos mientras que las ganancias por producción de papel han aumentado.

Los programas de trabajadores huésped en Estados Unidos son sólo una parte de un sistema global más amplio el cual produce mano de obra y luego la utiliza. En América Latina las reformas económicas promovidas por el gobierno estadunidense a través de tratados comerciales e instituciones financieras internacionales desplaza a los trabajadores desde mineros hasta cortadores de café. Luego, ellos se suman a la enorme avalancha de mano de obra que se desplaza hacia el norte. Cuando llegan a Estados Unidos, se convierten en una parte indispensable de la fuerza de trabajo ya sea que se encuentren indocumentados o que estén trabajando bajo visas de trabajo. El desplazamiento crea una fuerza laboral móvil, un ejército de trabajadores disponibles que se ha vuelto una parte indispensable en la economía de Estados Unidos y la de otros países ricos. Se trata de un mismo sistema que produce las necesidades migratorias y luego se beneficia de esa mano de obra.

La creación de una fuerza laboral vulnerable a través del desplazamiento de las comunidades no es nueva. Africa se convirtió en “una conejera para la caza de pieles negras” durante el sangriento desplazamiento de comunidades por los comerciantes de esclavos. Los agricultores africanos desterrados eran transportados encadenados a las Américas, en donde se convirtieron en la fuerza laboral esclavizada de las plantaciones desde Colombia y Brasil, hasta el sur de Estados Unidos. Su trabajo creó la riqueza que hizo posible el crecimiento económico en Estados Unidos y la mayor parte de América Latina y el Caribe. Pero el desplazamiento y la esclavitud produjeron más que riqueza. Mientras los propietarios de esclavos buscaron diferenciar a los esclavos de las personas libres, crearon las primeras categorías raciales. La sociedad fue dividida en aquellos con más y menos derechos, usando el color de la piel y el origen. Cuando los ideólogos anti-inmigrantes llaman a los inmigrantes de hoy “ilegales” usan una categoría heredada y desarrollada desde la esclavitud.

Actualmente el desplazamiento y la desigualdad están tan profundamente enraizadas en la economía de libre mercado como lo estuvieron durante el comercio de esclavos. El presidente mexicano Felipe Calderón, dijo durante su visita a California en el 2008: “Tienes dos economías. Una economía es intensiva en capital, que es la economía Americana. Una economía es intensiva en mano de obra, que es la economía mexicana. Somos dos economías complementarias y ese fenómeno es imposible de parar”. Cuando Calderón se refiere al trabajo intensivo quiere decir que millones de ciudadanos mexicanos están siendo desplazados y que la economía del país no puede producir empleo para ellos. Para Calderón y los empleadores en ambos lados de la frontera Estados Unidos-México la migración es por lo tanto, un sistema de suministro de mano de obra.

La política migratoria de Estados Unidos determina las reglas bajo las cuales la mano de obra es utilizada. Los empleadores ven a los migrantes como una mano de obra y buscan organizar el flujo de la migración para dirigirla hacia donde es requerida. “Los intereses económicos de la aplastante mayoría de empleadores [estadunidenses] favorecen fronteras tan porosas para la mano de obra como sea posible”, de acuerdo a Faux. Pero los patrones quieren una fuerza de trabajo con un estatus vulnerable, de segunda clase, al precio que ellos deseen pagar.

El Presidente George Bush dijo que el propósito de la política migratoria de Estados Unidos debería ser “conectar patrones que estén dispuestos con empleados que estén dispuestos”. Bush simplemente estaba reafirmando lo que ha sido una realidad en toda la historia de Estados Unidos. Para aportar su fuerza de trabajo, los inmigrantes chinos fueron traídos del delta del Río Perla para construir el ferrocarril transcontinental en los años de 1850. Abastecerse de una mano de obra fue el móvil del comercio esclavo. En los años 20 y 30, los filipinos se mantuvieron desplazándose de campo en campo de trabajo, al mismo tiempo que las leyes que prohibían la mezcla de razas les impedía establecerse y formar familias. Ellos también aportaron la mano de obra como lo hicieron los trabajadores del campo mexicanos traídos a Estados Unidos durante el Programa Bracero, de 1942 a 1964.

La agricultura industrial estadunidense siempre ha dependido de una mano de obra migrante formada por oleadas de chinos, japoneses, filipinos, mexicanos y más recientemente, centroamericanos. Actualmente, un creciente porcentaje de trabajadores del campo son indígenas que hablan idiomas diferentes al español, un indicio de que la dislocación económica ha alcanzado las zonas más remotas de la provincia mexicana.

Dentro de este sistema de desplazamiento y migración, la política migratoria de Estados Unidos determina el estatus del trabajo migrante. No detiene a las personas para entrar al país ni tampoco tiene la intención de hacerlo. Su principal función es determinar el estatus de las personas una vez que se encuentran adentro. Una política migratoria basada en suministrar mano de obra produce dos efectos: el desplazamiento se convierte en una herramienta no declarada para producir trabajadores mientras la desigualdad se vuelve una política oficial. La noción incuestionable es que los migrantes no tendrán los mismos derechos que las personas que viven en las comunidades con las que coexisten. Todas las iniciativas de ley debatidas por el Congreso estadunidense en los últimos años están basadas en esta presunción.

En la actualidad el llamar a alguien “ilegal” no se refiere a un acto ilegal. La ilegalidad es una categoría social. La ilegalidad crea un sistema poco costoso. Los llamados trabajadores ilegales producen riqueza pero a cambio reciben una parte mucho menor -una fuente de lucro para aquellos que los emplean-. La desigualdad es lucrativa. En 1994 la mano de obra de trabajadores indocumentados inyectó 45 mil dólares por persona a la economía de California, de acuerdo al Centro de Integración y Desarrollo Norteamericano de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Suponiendo que casi todos estuvieran trabajando a un sueldo cercano al salario mínimo, cada uno recibió sólo una pequeña parte del valor que produjo, cerca de 8 mil 840 dólares cada uno. El promedio del salario manufacturero en ese tiempo arrojó un ingreso anual de más del doble de esa cantidad. El valor adicional fue expropiado por los empleadores.

Las compañías dependen no solamente de los trabajadores en las fábricas y los campos sino también de las comunidades de donde ellos proceden. Si esas comunidades dejan de mandar trabajadores, la oferta de mano de obra se acaba. El trabajo se detiene. Sin embargo, ninguna compañía paga por una sola escuela o clínica ni paga impuestos en esas comunidades. Los trabajadores pagan por todo eso a través del dinero que ellos mandan a casa.

Cerca de un 11 por ciento de la población de México vive en Estados Unidos, de acuerdo al Pew Hispanic Center. Sus remesas, que fueron menos de 4 mil millones de dólares en 1994 cuando el TLCAN entro en vigor, subieron a 10 mil millones en el 2002 y luego a 20 mil millones tres años después, de acuerdo al Banco de México. En el 2006, esa cifra alcanzó los 25 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, los fondos públicos que solían pagar las escuelas y las obras públicas dejan a México pagos por deuda a bancos extranjeros. Las remesas tan grandes como son no pueden compensar esta salida. De acuerdo a un reporte hecho a la Cámara de Diputados mexicana, las remesas representaron un promedio del 1.19 por ciento del Producto Interno Bruto entre 1996 y el 2000, y un 2.14 por ciento entre el 2001 y el 2006. Los pagos de la deuda significaron un 3 % anual. Al cubrir parcialmente las necesidades sociales sin fondos, las remesas están indirectamente subsidiando a los bancos.

Al mismo tiempo, las compañías dependientes de esta corriente migratoria logran una mayor flexibilidad ajustando las altas y bajas de la demanda del mercado. El sistema de producción global se ha vuelto muy flexible en reacomodar los auges y caídas. Su sistema de empleo está basado en el uso de contratistas, el cual está reemplazando el sistema en el que los trabajadores eran directamente empleados por los negocios que utilizan su mano de obra. Durante décadas, este ha sido el modelo de empleo en las industrias de la costura y la limpieza, así como en la agricultura. Los trabajadores desplazados son los pilares de este sistema. El principio fundamental de este sistema es que la política migratoria y el reforzamiento de las leyes deben dirigir a los migrantes hacia las industrias cuando su trabajo es requerido y sacarlos cuando no lo es.

Los programas de trabajadores huésped y los de empleo basado en visas de trabajo fueron creados para solucionar las necesidades de mano de obra. Cuando la demanda es alta, los empleadores reclutan trabajadores. Cuando la demanda baja, esos trabajadores no solamente tienen que dejar sus empleos sino al país entero. Actualmente, los empleadores piden una mayor flexibilidad en los requisitos para las visas de trabajadores huésped, especialmente desde que esas protecciones han sido reforzadas por la actual Secretaria del Trabajo, Hilda Solís. Simplemente colocando más protecciones laborales en los programas no cambia su estructura básica que hace a esos trabajadores más vulnerables. “Ellos no tienen derechos laborales o beneficios”, acusa Rufino Domínguez. “Es como la esclavitud. Si a los trabajadores no les pagan o los engañan, no pueden hacer nada”, lamenta.

Programas Laborales y un Mayor Reforzamiento de las Leyes Migratorias, La Agenda Corporativa sobre Migración

La industria empacadora de carne comenzó a hacer cabildeo a favor de un programa de a trabajadores huésped a finales de los años 90, cuando las compañías organizaron la Coalición de Inmigración de Trabajadores Esenciales -corporaciones como Wal-Mart, Marriott y Tyson Foods, así como los Constructores y Contratistas Asociados. Mientras los republicanos son fuertes simpatizantes del programa de trabajadores huésped, las propuestas en el Congreso son bipartidistas, respaldadas por liberales como el Senador Edward Kennedy y el Congresista Luis Gutiérrez.
Los nuevos programas de trabajadores huésped representan el punto central del programa corporativo para una reforma migratoria. Estos programas son combinados con propuestas que permiten un aumento en el reforzamiento de la ley, y un programa para la legalización de los indocumentados a favor de los empleadores. Las propuestas de trabajadores huésped, avanzadas ahora, incluso en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio tienen dos características. Permiten a los empleadores reclutar mano de obra en un país pero los utilizan en otro y conectan la habilidad de los trabajadores para permanecer en su nuevo país con su estatus de trabajo. Si no están trabajando, no tienen derecho de quedarse. Esto inevitablemente conlleva a un diferente estatus social, político y económico, en el que los trabajadores no tienen los mismos derechos que las personas a su alrededor y no pueden recibir los mismos beneficios sociales.

Oakland, California — Protestando redadas en los hoteles.

Algunas iniciativas de ley en el Congreso de Estados Unidos en años recientes hubieran permitido a algunas de las más grandes corporaciones reclutar y traer al país, a través de contratistas, unas 800 mil personas al año. En el debate final del 2006 en el que falló su propuesta, el Presidente George Bush trató de eliminar toda migración basada en la familia y permitir a las personas venir a Estados Unidos solamente cuando fueran reclutadas por los patrones. Bajo su propuesta, casi todos los inmigrantes se hubieran convertido en trabajadores huésped. Sin embargo, el enfoque general de tres partes del programa de reforma migratoria de la administración del presidente Obama no es significativamente diferente a la de su predecesor.

Un segundo elemento en el programa corporativo es la legislación que respalda a un programa diseñado principalmente para proteger a los empleadores frente a los cargos legales por contratar trabajadores indocumentados, más que para ayudar a las familias a ajustar su estado migratorio. Todas las iniciativas de ley integrales del Congreso hubieran impuesto periodos de espera de entre 11 a 18 años para los inmigrantes que solicitaran la legalización, tiempo en el que permanecerían tan vulnerables como siempre. Pero los empleadores serían protegidos de cargos si hubieran violado sanciones patronales mientras organizaban el reclutamiento de nuevos trabajadores a través de los programas de trabajadores huésped.

Debido al historial de abuso de los programas de trabajadores huésped y porque trabajar fuera de esos programas ofrece una atractiva alternativa, el tercer elemento necesario de este tipo de reforma corporativa es un aumento en el reforzamiento de la ley contra la mano de obra indocumentada en los lugares de trabajo, y en el cruce no autorizado de la frontera. Estas propuestas buscan acabar con la migración espontánea -la cual consiste en que las personas deciden por sí mismas cuándo venir y a dónde ir-, al hacer imposible trabajar sin una visa de trabajo y contrato. Por el contrario, estas propuestas sustituyen a un sistema en el que las personas solo pueden migrar como mano de obra contratada.

Después de las grandes marchas por los derechos de los migrantes del 2006, el gobierno federal estadunidense aumentó las redadas en los lugares de trabajo y comunidades. Portavoces del buró de la agencia de inmigración ICE, una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicaron que las redadas tenían la intención de mostrar la necesidad del programa de inmigración emprendido por la administración en turno. La oficina del ICE también comenzó a implementar muchas de las medidas de reforzamiento de la ley contenidas en las iniciativas de ley de reforma migratoria que el Congreso rechazó.

En el 2007, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff propuso un reglamento que exigía a los patrones despedir a cualquier trabajador que no pudiera corregir la discrepancia entre el número de Seguro Social que proporcionó a su empleador y la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). La regulación da por hecho que esos trabajadores no tienen una visa migratoria válida. Dicha regulación fue desafiada en una corte federal por parte de sindicatos y defensores de los derechos de los inmigrantes pero la administración de Obama simplemente ha implementado el mismo esquema usando diferentes tácticas.

Recientemente, el Concilio de Relaciones Exteriores (CFR por sus siglas en inglés) propuso dos metas para la política migratoria de Estados Unidos. En un reporte del Equipo Especial Independiente sobre Política Migratoria de Estados Unidos, patrocinado por el CFR, el decano Edward Alden declaró: “debemos reformar el sistema legal de inmigración”, y se pronunció en su defensa “para que pueda operar más eficientemente, responda con mayor precisión a las necesidades del mercado laboral y destaque la competitividad de Estados Unidos”. Esto esencialmente pide continuar el uso de la migración para suministrar mano de obra a bajos (“competitivos”) salarios. “Debemos restaurar la integridad de las leyes de inmigración”, dijo Alden y agregó: “a través de un régimen de reforzamiento de las leyes que desaliente a los empleadores y empleados a operar fuera del sistema legal”. Esto complementa un régimen de reforzamiento de la ley como el actual, con redadas y despidos, con el esquema de suministro de mano de obra.

En dos años, cientos de empleadores han despedido trabajadores en respuesta a la demanda del ICE, el brazo de reforzamiento de la ley del Departamento de Seguridad Nacional. El jefe de esta agencia de inmigración, John Morton hizo una serie de anuncios sobre el número de compañías que estaban siendo auditadas para detectar trabajadores indocumentados, citando cifras de 1000 a 1654. Varios miles de trabajadores han perdido sus empleos. En Minneapolis, Seattle y San Francisco, más de mil 800 trabajadores de limpieza, miembros del sindicato SEIU, perdieron sus trabajos. En el 2009, unas 2 mil mujeres jóvenes que trabajaban como costureras en la empresa American Apparel fueron despedidas en Los Angeles. En determinado momento, Morton aseguró que el ICE había auditado a más de 2 mil 900 compañías.

El Presidente Obama ha sostenido que la aplicación de la ley en el lugar de trabajo está dirigida a los empleadores “que están usando trabajadores ilegales para poder bajar los salarios (y que muchas veces maltratan a esos trabajadores)”. Un Aviso del Reforzamiento de la Ley en el Lugar de Trabajo del ICE advierte que “empleadores sin escrúpulos son propensos a pagar a trabajadores ilegales salarios por debajo de los estándares u obligarlos a soportar condiciones de trabajo intolerables”. Sin embargo, aliviar las intolerables condiciones de empleo al despedir a los trabajadores que las soportan no beneficia en nada a los trabajadores como tampoco cambia dichas condiciones. Por el contrario, la retórica de la administración ha alimentado esfuerzos para culpar a los inmigrantes de “robar empleos” y de minar los salarios.

La política de aplicación de la ley en los lugares de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional no se está enfocando en los patrones que emplean a trabajadores de bajos salarios sino en los que sostienen puestos de altos salarios y con frecuencia en los que los trabajadores están sindicalizados. Hay una larga historia de un ánimo anti-sindical entre las autoridades migratorias. Los agentes migratorios han realizado bloqueos de calles durante elecciones sindicales en los campos de California, conducido redadas durante campañas organizativas en las empacadoras de carne en Carolina del Norte y Iowa, auditado empleadores de trabajadores de la limpieza y plantas de alimentos para aerolíneas (antes de las negociaciones de contrato sindical), y han ayudado a compañías a despedir a cerca de mil empacadores de manzanas cuando trataron de unirse al Sindicato de Camioneros en el estado de Washington.

Los patrones sin escrúpulos se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores para negar a los indocumentados el salario mínimo o el pago de horas extra. Igualmente lo hacen para despedir trabajadores cuando protestan o se organizan. Esto afecta a los trabajadores en general. Después de deportar a más de mil empleados de las plantas empacadoras de carne Swift, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, pidió conectar “una aplicación de la ley efectiva interior con un programa temporal de trabajadores.” El gobierno está otra vez dando un subsidio de mano de obra barata a grandes empleadores. Las deportaciones, despidos y programas de trabajadores huésped abaratan la mano de obra y hacen más difícil la organización sindical.

Mientras tanto, algunos estados y comunidades locales, viendo una luz verde por parte del Departamento de Seguridad Nacional han aprobado medidas que incluso van más allá. La legislatura de Arizona ha aprobado una ley que exige a los patrones verificar el estado migratorio de cada trabajador a través de una base de datos federal callada E-Verify (verificación electrónica), y despedir a trabajadores cuyos nombres aparecen marcados. Luego aprobó una ley, la SB 1070, exigiendo a los agentes de policía verificar el estatus migratorio de todas las personas que detuvieran en la calle. El estado de Mississippi aprobó una iniciativa de ley que convierte en un delito el hecho de que un trabajador indocumentado tenga un empleo, con un periodo de cárcel de uno a diez años y multas de hasta diez mil dólares sin derecho a fianza para cualquier persona arrestada. Estados como Georgia y Alabama han aprobado iniciativas de ley aún más represivas que las de Arizona. El Congreso mismo ha aprobado iniciativas de ley que exigen un uso similar al de la base de datos del E-Verify, la cual fue aprobada por ambos partidos políticos.

Watsonville, California – Un padre Mixteco lleva su hija a un centro preescolar del programa de educacion para los migrantes, antes de ir a su trabajo en los campos.

Las redadas en los centros de trabajo y los despidos son parte de un programa general para incrementar la aplicación de las leyes migratorias. Uno de sus elementos más combatidos es la creciente conexión entre los departamentos de policía y las autoridades de migración. Durante la administración del presidente George Bush, el gobierno federal comenzó a implementar acuerdos “287g”, bajo los cuales los departamentos de policía locales compartían información y entregaban a los agentes de la migra a personas arrestadas incluso por violaciones menores de tráfico. Esos acuerdos luego eran codificados en un programa federal llamado “Comunidades Seguras”. Al principio, el ICE trató de firmar acuerdos con cuerpos de policía estatales y locales exigiéndoles entregar huellas dactilares de cualquier persona con las que entraran en contacto. La administración Obama sostuvo que solamente estaba buscando criminales para su deportación.

En la práctica, sin embargo, esta cooperación llevó a la detención de cientos de miles de inmigrantes sin ningún récord criminal que fueron detenidos simplemente porque eran indocumentados. Las deportaciones se dispararon. Desde que Obama tomó posesión, más de un millón de personas han sido deportadas de Estados Unidos como resultado de este reforzamiento de la ley coordinado entre corporaciones policiacas y el ICE. Cuando incluso algunos estados trataron de salirse del programa, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que no necesitaba de su consentimiento, advirtiendo que continuaría expandiendo el programa con su cooperación o sin ella. Esta declaración ha encontrado una creciente ola de protestas al tiempo que la ola de deportaciones ha crecido. Como respuesta a las críticas, la administración Obama ha pedido la aprobación de una “reforma migratoria integral” como una alternativa a la criminalización y las expulsiones masivas, esencialmente usando el chantaje y la represión para hacer avanzar el programa corporativo de reforma migratoria.
For more articles and images, see http://dbacon.igc.org

See also Illegal People — How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants (Beacon Press, 2008)
Recipient: C.L.R. James Award, best book of 2007-2008

http://www.beacon.org/productdetails.cfm?PC=2002

See also the photodocumentary on indigenous migration to the US
Communities Without Borders (Cornell University/ILR Press, 2006)

http://www.cornellpress.cornell.edu/cup_detail.taf?ti_id=4575

See also The Children of NAFTA, Labor Wars on the U.S./Mexico Border (University of California, 2004)

http://www.ucpress.edu/books/pages/9989.html

–

__________________________________

David Bacon, Photographs and Stories

http://dbacon.igc.org

http://www.truth-out.org/dream-act-students-defy-deportations-demand-vote-congress65463

OAKLAND, CA (11/27/10) — This coming week, if Senator Harry Reid keeps his word, Congress may get a chance to vote on the DREAM Act. First introduced in 2003, the bill would allow undocumented students graduating from a U.S. high school to apply for permanent residence if they complete two years of college or serve two years in the U.S. military. Estimates are that it would enable over 800,000 young people to gain legal status, and eventual citizenship.

A vote in Congress would be a tribute to thousands of these young “sin papeles,” or people without papers . For seven years they’ve marched, sat-in, written letters and mastered every civil rights tactic in the book to get their bill onto the Washington DC agenda.

Many of them have given new meaning to “coming out” — declaring openly their lack of legal immigration status in media interviews, defying authorities to detain them. Three were arrested last May, when they sat-in at the office of Arizona Senator John McCain, demanding that he support the bill, while defying immigration authorities to come get them. They were, in fact, arrested and held in detention overnight. Then a judge recognized the obvious. These were not “aliens” who might flee if they were released from detention, but political activists who were doing their best not only to stay in the country, but to do so as visibly as possible.

Reid owes his tiny margin of victory in Nevada’s election to an ourpouring of Latino votes. Since he announced he’d bring the bill to the floor of Congress, more students have begun a hunger strike at the University of Texas in Austin. They insist they won’t eat until Senator Kay Bailey Hutchinson renounces her opposition to the DREAM Act. First their fast spread to campuses across Texas. Then students in other parts of the country announced they too would act when Reid calls the bill up for a vote.

But the DREAM Act campaigners have done more than get a vote in Washington, no matter how that may turn out. They’ve learned to use their activism to stop deportations. Further, they did this in an era when more people have been deported – 400,000 last year alone – than ever before in this country’s history. To highlight the connection between the bill and their challenge to the rising wave of deportations, four undocumented students walked for weeks from Miami to Washington in protest.

In the process, they learned the lesseon the civil rights movement of the 60s’ taught activists of an earlier generation: Congress and Washington’s political class can be forced to respond to social movements outside the capitol. When those movements grow and make themselves felt, they can win legislation, and even more. People in the streets can change the conditions in their own communities. DREAM Act activists, by stopping deportations even in the absence of Congressional action, have made possible what political insiders held to be impossible.

Fredd Reyes is living proof. This week he came back to North Carolina for Thanksgiving. He was picked up last September as he was studying for exams at Guilford Technical Community College, and taken first to the North Georgia Detention Center, and then to the Stewart Center in Lumpkin, Georgia. Fredd’s parents fled the massacres of Guatemala counter-insurgency war of the 1980s, when President Ronald Reagan gave guns to that country’s military, which they then turned on indigenous communities seeking social justice. Fredd was a toddler then.

DREAM Act students mobilized, and got Fredd sprung loose.

Jennifer Abreu had her Thanksgiving in Kentucky. She came to the U.S. with her parents when she was 13. She graduated from Lafayette High School in Lexington, where she became an activist, performed Brazilian and Colombian dances at fiestas and dreamt of life as a journalist. ICE picked her up, but a campaign by DREAM Act students and their supporters set her free too.

And in San Francisco, activists won freedom for Shing Ma “Steve” Li, a nursing student at San Francisco Community College. Immigration authorities detained him on September 15, igniting a lightening effort to stop his deportation. As the DREAM Act moved closer to a vote in Congress, he also became a living symbol for the national campaign to pass the bill.

Li’s predicament was dramatic and unusual. His parents emigrated from China to Peru, where Li was born. They later came to the U.S., where their petition for political asylum was denied. That made Li an undocumented immigrant, although as he went through San Francisco public schools, he had no knowledge of his status.

Last year, however, as the net of immigration enforcement was cast more widely than ever, Li and his mother were arrested. She was bailed out of detention, and now awaits deportation to China. But Steve Li was shipped to a detention center in Florence, Arizona, from which he would have been flown to Peru, where he was born. He has no relatives or family connections there at all.

John Morton, director for Immigration and Customs Enforcement at the Department of Homeland Security, told the media that picking up students for deportation was at the bottom of the government’s priority list. “So why are they nabbing highly-motivated students? Why has Steve been in jail for the past 60 days?” asked Sang Chi, Li’s Asian American studies instructor last year, at a rally on Li’s behalf.
The union for teachers at the community college, AFT Local 2121, became part of a broad effort to win Li’s release before he was put on the plane to South America. The case became a cause celebre for the Asian Law Caucus, the Chinese Progressive Association and other organizations in the city’s Asian community. The city Board of Supervisors and the college’s Board of Trustees both passed resolutions opposing the deportation. “We’ve made over 1,000 calls,” Daniel Tay, a fellow nursing student who emigrated from Peru two years ago, told reporter Rupa Dev.

Finally, Senator Diane Feinstein introduced a private bill that would grant Li permanent residence status. Li was then freed by ICE, and returned to San Francisco. His freedom is not permanent, however, but lasts for just 75 days following the end of the current Congressional session. Private bills granting an individual legal status are rarely passed. Of the 29 introduced by Feinstein since 1997, only four have passed, and in the anti-immigrant climate of the incoming Congress, passage of Li’s bill is unlikely.

For Li and his supporters, however, although they’re grateful that he’s not in Lima, the private bill is not the answer. “As long as I’m here and able to use my voice and help myself and all those people in the same situation, I don’t feel like it’s a countdown,” he told reporter Jessica Kwong. “It’s just one step closer toward the Dream Act.” Recalling the other young people he met in the Arizona detention center, he said, “their stories and faces will be with me for the rest of my life.”

Without passage of the DREAM Act, “thousands of students are threatened with deportation, which is a tremendous waste of resources,” says Kent Wong, vice-president of the California Federation of Teachers, director of the UCLA Center for Labor Research and Education, and one of the national organizers of the DREAM Act campaign.

Many undocumented students, however, can’t get into colleges although they’ve graduated from U.S. high schools with excellent grades, because they’re either barred directly by lack of legal status, or can’t qualify for the financial aid that other students can receive. Undocumented students come overwhelmingly from working-class families.

When it was originally written, the bill would have allowed young people to qualify for legalization with 900 hours of community service, as an alternative to attending college, which many can’t afford. However, when the bill was introduced, the Pentagon pressured to substitute military for community service. Many young activists are torn by this provision.

Camilo Mejia, the first GI who served in Iraq to have publicly resisted the war, was imprisoned for almost a year for refusing to go back. Mejia says the country already uses a “poverty draft” to fill the military with young people who have no jobs and no money for higher education. In a debate on Democracy Now, he said, “[The military] it’s in a position to offer to the vast majority of these 65,000 [immigrant] students who graduate every year, to say, ‘Come over here. We will teach you English. We will give you housing. We’ll give you a steady paycheck. We’ll give you all these things, if you serve in the military.’” Rishi Singh, of Desis Rising Up and Moving, added “many of our families can’t afford to send us to college. And, you know, for many of our young people, there would be no other choice but to join the military.”

Debating him, undocumented former student Gabriela Pacheco said, “with the conditional residency, you are going to be able to work. Students might be able to find ways to cost and pay for their college and university.”

Mexicanos Sin Fronteras in Chicago argues that “undocumented youth are in an increasingly desperate situation … With legal status as a goal, many who otherwise might have dropped out of school could be motivated to graduate and enroll in college … Instead let’s educate the youth about the injustice of these imperial wars and the historical government practice of putting the poorest and most disenfranchised youth on the front lines. Let’s encourage and support them in choosing the college option.”

Like many DREAM Act supporters, the California Federation of Teachers has called for reinstatement of the community service provision. But it supports the Act regardless. “The Federal Dream Act will establish the important principle that undocumented students can no longer be assigned to a second-class, inferior status and must be treated with respect and dignity,” says a resolution adopted by the union in 2009.

“We have to remember that for every case like Steve Li’s, there are hundreds of other young people who are deported,” emphasizes Local 2121 President Alisa Messer. “These are our students. They’re doing everything we want young people to do. So we have to fight for their ability to get an education, to support their families, and to participate in society. They’re American kids.”

Many immigrant rights activists also view the DREAM Act as an important step towards a more basic reform of the country’s immigration laws. It would not only help students to stay in school, but by giving them legal status, give them the ability to work and use their education after graduation. Luis Perez, for instance, the son of working-class parents in Los Angeles, will graduate from UCLA’s law school this year and take the bar exam in January. But after that, without legalization, he won’t be able to work. The 1986 Immigration Reform and Control Act says employers may only hire workers who are citizens or who have visas that give them “work authorization.”

The DREAM Act could resolve this problem for undocumented young people graduating from college. But it also highlights the same problem for millions of other undocumented workers who would not be affected by the bill. Twelve million undocumented people live in the U.S., and almost all of them work for a living. The same wave of enforcement that led to the deportation of 400,000 people last year is also targeting undocumented people in the workplace. Thousands of workers have been fired for lack of legal status, and many have even gone to prison because they invented Social Security numbers in order to get a job. Unscrupulous employers have used their lack of status to threaten and terminate workers who protest illegal conditions or try to organize unions.

Arizona’s law requiring police to stop and hold for deportation any person without legal immigration status is another example of the impact of the immigration enforcement wave — growing cooperation between law enforcement and immigration authorities. That cooperation produced many of the hundreds of thousands of people detained and deported last year alone. Ending that enforcement program would also require a more extensive immigration reform. So would a real effort to get at the roots of forced migration – the military interventions, trade agreements and pro-corporate policies that uproot communities in other countries, and make migration a matter of survival.

Yet the DREAM Act students have shown that fighting detention and deportation is possible. As they’ve marched and demonstrated, they’ve pointed out over and over that stopping the enforcement wave and changing immigration law are so connected that one can’t be fought without fighting for the other. In the end, the basic requirement for both is the same – a social movement of millions of people, willing to take to the streets and the halls of Congress.

Escuchen en Radio Bilingüe la entrevista con Cirila Baltazar

The California coast, from Davenport south through Santa Cruz, Watsonville and Castroville, is brussels sprouts country. Most of this vegetable in north America comes from these fields, although a growing harvest now takes place in Baja California, in northern Mexico.

In both California and Baja California, the vast majority of the people who harvest brussels sprouts, like those who pick other crops, are Mexican. In Baja they’re migrants from the states of southern Mexico. In California, they’re immigrant workers who’ve crossed the border to labor in these fields. On a cold November day, this crew of Mexican migrant workers picks brussels sprouts on a ranch outside of Watsonville.

Many people love this vegetable, and serve it for dinner on the U.S. Thanksgiving holiday. Native people in the U.S. point out that Thanksgiving celebrates the beginning of the European colonization of north America, which drove them from the lands where they lived historically. The brussels sprouts came with the colonizers. While the Romans probably grew and ate them, the first plants came to this continent with the French to the colonies of Quebec and the Atlantic seaboard.

Today the people picking in this field may be immigrants to the U.S., but in a longer historical view, they are the descendents of indigenous people whose presence in north America predated Columbus and the arrival of the brussels sprouts by thousands of years. Now they cross the border between Mexico and the U.S. as migrant workers, many speaking indigenous languages as old, or even older, than those of the colonizers – Mixteco, Triqui or Nahuatl. In the soft conversations among the workers of this picking crew, and other crews harvesting the sprouts, you can hear those languages mixed with that of the Spaniards.

Brussels sprouts may be a colonizers’ vegetable, but it has many healthy properties. It contains sulforaphane and indole-3-carbinol, both of which are believed to play a role in blocking the growth of cancer. In yet another irony, in non-organic fields, picking crews often get exposed to the agricultural chemicals that are one important cause of the explosion of cancer in the U.S. Farm workers get much higher doses than the supermarket patrons who buy the produce they pick.

But it’s a job. Putting the food on the table is really one of the most important jobs people do, and one that gets the least acknowledgement and respect. So the next time you decide on brussels sprouts for dinner, first, don’t boil them. It removes those healthy anti-cancer chemicals. And don’t overcook them either – that’s what produces the sulfur taste many people don’t like. But then, when they’re out there on the table, remember who got them there.

For more articles and images, see http://dbacon.igc.org

See also Illegal People — How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants (Beacon Press, 2008)
Recipient: C.L.R. James Award, best book of 2007-2008
http://www.beacon.org/productdetails.cfm?PC=2002

See also the photodocumentary on indigenous migration to the US
Communities Without Borders (Cornell University/ILR Press, 2006)
http://www.cornellpress.cornell.edu/cup_detail.taf?ti_id=4575

See also The Children of NAFTA, Labor Wars on the U.S./Mexico Border (University of California, 2004)
http://www.ucpress.edu/books/pages/9989.html

Por Rufino Domínguez-Santos*

Hermanas y hermanos indígenas de Ecuador y del mundo,
Compañeras y compañeros de diferentes organizaciones de migrantes del mundo,
A todas y todos los migrantes del mundo,
Y a toda la sociedad civil organizada del mundo:

A nombre de los miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), en México y Estados Unidos, los saludo con gran admiración por las heroicas luchas que han desempeñado durante muchos años por el respeto a los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador.

Agradezco la oportunidad de estar aquí, gracias a la invitación de la Secretaría Técnica de la IV edición del Foro Social Mundial de las Migraciones y a mis hermanas y hermanos de MIREDES. Gracias a todos ustedes por su presencia y la posibilidad de que escuchen mis humildes palabras.

Este evento de gran trascendencia internacional sobre las migraciones de los seres humanos en el mundo, es también un lugar muy propicio para sembrar la memoria de muchos incidentes que han pasado en contra de los migrantes, hombres, mujeres, niñas y niños que buscamos una vida mejor, que partimos en busca de lo que no tenemos en nuestras tierras por el ancestral abandono de los respectivos gobiernos de nuestros países. La ruta migratoria está llena de violaciones a los derechos humanos, peligros y hasta sangre de los que mueren en el camino. Muchas veces, en los lugares de destino también encontramos abusos y violaciones a los derechos humanos y laborales.

El ejemplo más indignante, sanguinario y de lesa humanidad que todos ya conocemos, sucedió el 24 de Agosto del presente año, en San Fernando, Tamaulipas, México, donde masacraron a 72 migrantes que eran mujeres y hombres, entre ellos varios indígenas, cuyo único delito era buscar una mejor vida para ellos y sus familias, los llamaron “indocumentados” e “ilegales” en un país en donde se habla casi el mismo idioma y con los mismos problemas. Este hecho indignante y que no tiene ningún nombre ha sido repudiado y condenado en todo el mundo, menos por el gobierno mexicano y sus contrapartes centroamericanos y sudamericanos.

Al gobierno mexicano le resultó muy fácil lavarse las manos y echar la culpa a los narcotraficantes llamados Zetas, sin asumir su plena responsabilidad como Estado, ahora va a usar este mismo argumento para cualquier hecho de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos en contra de los hermanos y hermanas migrantes que todos los días pasan por México e incluso en contra de los mismos mexicanos como son los líderes indígenas, las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, campesinos etc. Repruebo la actitud infantil que asumió el gobierno mexicano al principio de este hecho y las actitudes sumisas de los gobiernos de Centro y Sudamérica.

A los familiares de las 72 personas, hombres y mujeres procedentes de Ecuador, Guatemala, El Salvador y Brasil que fueron brutalmente masacradas, queremos decirles que compartimos profundamente su dolor y que nos avergonzamos por el hecho de que al Gobierno Mexicano le tiembla la mano para impartir justicia y en cambio, mantiene un silencio vergonzante ante estos hechos inaceptables.

Como migrante en los Estados Unidos, también sufrí el despojo de mi dinero a manos de los asaltantes. Yo viví la discriminación por parte de los policías mexicanos en la frontera norte de Tijuana, cuando crucé al otro lado. Ahora vivo en Fresno, California en donde lucho diariamente en contra de las injusticias que se cometen en perjuicio de nuestra comunidad indígena migrante y de todas las nacionalidades, donde las autoridades locales, estatales, y federales, son presionados por grupos de la derecha y la extrema derecha, para aprobar leyes antiinmigrantes. Los racistas rechazan nuestra presencia y nos llaman “criminales” por el color de nuestra piel, sin importar el estatus migratorio.

Un ejemplo muy claro del sentimiento contra los inmigrantes es la inconstitucional ley SB 1070 aprobada por parte del Congreso estatal y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la cual criminaliza a todos los migrantes y a nuestras familias. Esta ley fue aprobada el 19 de abril y firmada por la gobernadora el 23 del mismo mes. Originalmente contenía provisiones que permiten a agentes de la policía y del aguacil para detener a personas con “apariencia de indocumentados” para entregarlos al servicio de inmigración (ICE); convertía en un delito el que los inmigrantes sin documentos buscaran empleos en las esquinas, autorizaba el decomiso de vehículos que transportaran personas sin documentos y el arresto de personas que ayudaran o dieran asistencia a indocumentados.

Las organizaciones de migrantes y nuestra comunidad, hemos rechazado rotundamente esta llamada “ley” SB 1070, y afirmamos que ninguna ley estatal o de una ciudad puede estar por encima de la Constitución de los Estados Unidos, así como el Convenio Internacional de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros convenios internacionales, que el gobierno federal no ha reconocido.

Los políticos de todos los niveles y una minoría de personas ignorantes de la sociedad de este país, no han comprendido que la migración es el resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCN), el Plan México, Plan Puebla Panamá, el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN), entre otros tratados bilaterales y las políticas neoliberales impuestas por el gobierno estadounidense a los gobiernos sometidos de México y América Latina, quienes no hacen nada para mejorar las condiciones económicas, sociales, de salud y educativas para evitar tanta migración de nuestra gente.

Otra violación a los derechos humanos es el de Cirila Baltazar Cruz, una inmigrante indígena Chatina de Oaxaca, México, que dio a luz a un bebé, el 16 de noviembre de 2008 en el Hospital Singing River, de Pascagoula, Mississippi. Luego el Departamento de Recursos Humanos, envió a Ruby Juana Méndez Baltazar, hija de Cirila, a un centro de adopción, ya que la corte Juvenil del Condado de Jackson autorizó la adopción a una familia adinerada en base a acusaciones infundadas de negligencia infantil en contra de la madre.

Cirila Baltazar afirma que no entendió a la intérprete Abigail Medina, qué le estaba preguntando. Se entiende implícitamente que se debe a que Cirila no habla español de manera fluida ya que su primer idioma es el Chatino y porque la intérprete habla un dialecto caribeño del español de Puerto Rico y le hablaba muy rápido.

Cuando Cirila Baltazar preguntó por su niña, en el hospital le dijeron que regresara al día siguiente y después le comunicaron que se encontraba en un centro de adopción porque ella no iba a poder hacerse cargo de la recién nacida. Posteriormente, en el hospital dijeron que si insistía en que le devolvieran a su bebé, iban a notificar de su estatus migratorio al Departamento de Seguridad Nacional para su deportación.

Entre las acusaciones de la Juez Sharon Sigalas en contra de Cirila Baltazar se encuentra la de que vivía en una casa cuyo contrato de arrendamiento no estaba a su nombre y de que compartía la vivienda con otros hombres con quienes no tenía relación ni comunicación; no haber comprado pañales desechables, fórmula, leche y cuna para la bebé. Ella fue acusada de negligencia infantil y de poner en peligro la vida de su bebé al no hablar inglés y al vivir en condiciones precarias y que la niña nació de una “inmigrante ilegal”.

Después de las denuncias y presiones de las organizaciones de inmigrantes y personas solidarias de México y ante la censura legal de la juez a los medios de comunicación para difundir este caso, a través de un abogado y una intérprete profesional en el idioma chatino se ganó en la corte y Cirila Baltazar recuperó a su hija y regresó a su pueblo a Oaxaca, México en donde ahora vive feliz.

El hecho de que el Hospital Singing River no haya proporcionado a Cirila Baltazar un intérprete en su idioma indígena, violó sus derechos humanos y la ley del Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, emitida por el entonces presidente Lyndon B. Johnson, y la Orden Ejecutiva 13166, implementada por el presidente Clinton sobre el derecho de toda persona de tener un intérprete en las cortes de los Estados Unidos.

Como Ñuu Savi o Mixteco de Oaxaca, también estoy atento a los problemas con preocupación de la escalada de violencia que prevalece en varios estados de la República Mexicana y en particular lo que se vive en el municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, México.

Las muertes de Teresa Bautista de 24 años y Felicitas Martínez de 22 años, locutoras de radio Copala 94.9 FM La Voz que Rompe el silencio, fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril de 2008, por paramilitares apoyados por el gobierno estatal y federal.

El brutal asesinato de que fueron víctimas dos participantes en la caravana, la luchadora mixteca de los derechos humanos Beatriz Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola, que ocurrió el 27 de abril del presente año, es el reflejo de la existencia de grupos paramilitares dispuestos a seguir golpeando a la resistencia indígena, las acciones de organismos de derechos humanos y demás actores que desde hace varias décadas buscan la aplicación de la justicia y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

La lista de los asesinatos es interminable. El 21 de mayo fue asesinado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro; Anastasia Juárez, el 31 de Julio y la lista sigue. Es increíble como todos los días nos enteramos de más muertos. El 16 de septiembre las noticias dieron cuenta cómo el Palacio Municipal de San Juan Copala habia sido tomado por hombres armados después de varios meses de que la comunidad entera hubiera sido cercada y acosada por los mismos hombres armados.

Ulises Ruiz Ortiz, tomó posesión como “gobernador” de Oaxaca el primero de diciembre de 2004 y hasta mayo de 2006, habían los siguientes saldos: 26 líderes asesinados; 11 desaparecidos; 20 amenazas de muerte; 40 presos políticos; 600 detenidos; 50 heridos, 23 mujeres asesinadas y un exiliado en Canadá, y el ataque al periódico Noticias y suspensión de la libertad de expresión en general.

En mayo de 2006, inician las movilizaciones de 70,000 maestros que demandaban la rezonificación de sus salarios, desayunos escolares, uniformes, albergues etc. Una lucha que han realizado en los pasados 26 años por la sección XXII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). El 22 de mayo, inician un plantón indefinido en el zócalo de la ciudad de Oaxaca hasta que el 14 de junio el “gobernador” ordena a 2000 Policías Ministerial del Estado desalojarlos con violencia con los siguientes resultados: 3 muertos; 17 detenidos y 28 desaparecidos.

El 29 de octubre de 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, decide mandar a la fuerza represiva de la Policía Federal Preventiva “Para restablecer la orden y la paz”; con esto militarizó al estado; llegaron integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y desalojaron a los manifestantes del zócalo a pesar de las justas y legítimas demandas. El saldo fue: 81 detenidos; 77 desaparecidos; 28 heridos y 5 periodistas; se incrementaron a 20 muertes.

El 25 de noviembre de 2006, se dio un enfrentamiento entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la PFP con lo siguiente: 5 muertos; y son aprehendidos de manera indiscriminada 250 personas que son llevadas presos, 149 llevan a otros estados de México.

La indiferencia y pasividad del gobernador de Ulises Ruiz Ortiz ante estos sucesos lo hace cómplice y responsable de decenas de asesinatos, persecuciones, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, encarcelamientos y torturas. Y esto ha empujado a más migración a los Estados Unidos y otras partes de México.

Denuncio ante este foro, el autoritarismo de todos los que han sido gobernadores del estado de Oaxaca hasta ahora y en particular al todavía gobernador actual, que ancestralmente han permitido los asesinatos casi a diario en toda la región triqui, en particular San Juan Copala, que se encuentra en estado de sitio, sin energía eléctrica, agua, teléfono ni manera de salir en busca de atención médica, educación o trabajo.

Conclusión

Ante la masacre de las 72 personas, en San Fernando, Tamaulipas, México, exigimos que se aplique la ley para castigar a los culpables materiales e intelectuales de este vergonzante crímen.
Que México apruebe leyes en materia migratoria respetando los derechos humanos de los migrantes y sus familias que transitan por el país.
Que los tres niveles del gobierno trabajen en proyectos de desarrollo económico comunitarios en las zonas de fuerte expulsión de migrantes.
Seguimos luchando hasta lograr una reforma migratoria integral para todos los migrantes y nuestras familias en los Estados Unidos, como un derecho ganado por nuestra contribución al desarrollo de la economía del país, para evitar leyes locales y estatales antinmigrantes.
Nos oponemos al programa de los trabajadores invitados, huéspedes, braceros o como se llame, al menos que sus derechos humanos y laborales se respeten como de cualquier trabajador en el país.
Que el gobierno de los Estados Unidos, ratifique y firme la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y que se comprometa con la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otros.
Castigar con todo el peso de la ley a Ulises Ruiz Ortiz, como culpable de los asesinatos, torturas, desapariciones y encarcelamientos injustos que pasaron en su sexenio como “gobernador “ de Oaxaca en contra de los luchadores sociales y las muertes sin fin en las comunidades triquis.
Crear una zona libre de circulación de personas en toda América Latina, porque tenemos más problemas en común que diferencias, porque los idiomas que predominan son el castellano y los idiomas indígenas. ¡Si los gobiernos no toman esa iniciativa la sociedad civil lo debemos de hacer ya!

Pueblos en Movimiento por una Ciudadanía Universal: Derrumbando el Modelo, Construyendo Actores.

*Director Ejecutivo del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño y Asesor General Binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales.