Las graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes y nuestras familias
Por Rufino Domínguez-Santos*
Hermanas y hermanos indígenas de Ecuador y del mundo,
Compañeras y compañeros de diferentes organizaciones de migrantes del mundo,
A todas y todos los migrantes del mundo,
Y a toda la sociedad civil organizada del mundo:
A nombre de los miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), en México y Estados Unidos, los saludo con gran admiración por las heroicas luchas que han desempeñado durante muchos años por el respeto a los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador.
Agradezco la oportunidad de estar aquí, gracias a la invitación de la Secretaría Técnica de la IV edición del Foro Social Mundial de las Migraciones y a mis hermanas y hermanos de MIREDES. Gracias a todos ustedes por su presencia y la posibilidad de que escuchen mis humildes palabras.
Este evento de gran trascendencia internacional sobre las migraciones de los seres humanos en el mundo, es también un lugar muy propicio para sembrar la memoria de muchos incidentes que han pasado en contra de los migrantes, hombres, mujeres, niñas y niños que buscamos una vida mejor, que partimos en busca de lo que no tenemos en nuestras tierras por el ancestral abandono de los respectivos gobiernos de nuestros países. La ruta migratoria está llena de violaciones a los derechos humanos, peligros y hasta sangre de los que mueren en el camino. Muchas veces, en los lugares de destino también encontramos abusos y violaciones a los derechos humanos y laborales.
El ejemplo más indignante, sanguinario y de lesa humanidad que todos ya conocemos, sucedió el 24 de Agosto del presente año, en San Fernando, Tamaulipas, México, donde masacraron a 72 migrantes que eran mujeres y hombres, entre ellos varios indígenas, cuyo único delito era buscar una mejor vida para ellos y sus familias, los llamaron “indocumentados” e “ilegales” en un país en donde se habla casi el mismo idioma y con los mismos problemas. Este hecho indignante y que no tiene ningún nombre ha sido repudiado y condenado en todo el mundo, menos por el gobierno mexicano y sus contrapartes centroamericanos y sudamericanos.
Al gobierno mexicano le resultó muy fácil lavarse las manos y echar la culpa a los narcotraficantes llamados Zetas, sin asumir su plena responsabilidad como Estado, ahora va a usar este mismo argumento para cualquier hecho de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos en contra de los hermanos y hermanas migrantes que todos los días pasan por México e incluso en contra de los mismos mexicanos como son los líderes indígenas, las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, campesinos etc. Repruebo la actitud infantil que asumió el gobierno mexicano al principio de este hecho y las actitudes sumisas de los gobiernos de Centro y Sudamérica.
A los familiares de las 72 personas, hombres y mujeres procedentes de Ecuador, Guatemala, El Salvador y Brasil que fueron brutalmente masacradas, queremos decirles que compartimos profundamente su dolor y que nos avergonzamos por el hecho de que al Gobierno Mexicano le tiembla la mano para impartir justicia y en cambio, mantiene un silencio vergonzante ante estos hechos inaceptables.
Como migrante en los Estados Unidos, también sufrí el despojo de mi dinero a manos de los asaltantes. Yo viví la discriminación por parte de los policías mexicanos en la frontera norte de Tijuana, cuando crucé al otro lado. Ahora vivo en Fresno, California en donde lucho diariamente en contra de las injusticias que se cometen en perjuicio de nuestra comunidad indígena migrante y de todas las nacionalidades, donde las autoridades locales, estatales, y federales, son presionados por grupos de la derecha y la extrema derecha, para aprobar leyes antiinmigrantes. Los racistas rechazan nuestra presencia y nos llaman “criminales” por el color de nuestra piel, sin importar el estatus migratorio.
Un ejemplo muy claro del sentimiento contra los inmigrantes es la inconstitucional ley SB 1070 aprobada por parte del Congreso estatal y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la cual criminaliza a todos los migrantes y a nuestras familias. Esta ley fue aprobada el 19 de abril y firmada por la gobernadora el 23 del mismo mes. Originalmente contenía provisiones que permiten a agentes de la policía y del aguacil para detener a personas con “apariencia de indocumentados” para entregarlos al servicio de inmigración (ICE); convertía en un delito el que los inmigrantes sin documentos buscaran empleos en las esquinas, autorizaba el decomiso de vehículos que transportaran personas sin documentos y el arresto de personas que ayudaran o dieran asistencia a indocumentados.
Las organizaciones de migrantes y nuestra comunidad, hemos rechazado rotundamente esta llamada “ley” SB 1070, y afirmamos que ninguna ley estatal o de una ciudad puede estar por encima de la Constitución de los Estados Unidos, así como el Convenio Internacional de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros convenios internacionales, que el gobierno federal no ha reconocido.
Los políticos de todos los niveles y una minoría de personas ignorantes de la sociedad de este país, no han comprendido que la migración es el resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCN), el Plan México, Plan Puebla Panamá, el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN), entre otros tratados bilaterales y las políticas neoliberales impuestas por el gobierno estadounidense a los gobiernos sometidos de México y América Latina, quienes no hacen nada para mejorar las condiciones económicas, sociales, de salud y educativas para evitar tanta migración de nuestra gente.
Otra violación a los derechos humanos es el de Cirila Baltazar Cruz, una inmigrante indígena Chatina de Oaxaca, México, que dio a luz a un bebé, el 16 de noviembre de 2008 en el Hospital Singing River, de Pascagoula, Mississippi. Luego el Departamento de Recursos Humanos, envió a Ruby Juana Méndez Baltazar, hija de Cirila, a un centro de adopción, ya que la corte Juvenil del Condado de Jackson autorizó la adopción a una familia adinerada en base a acusaciones infundadas de negligencia infantil en contra de la madre.
Cirila Baltazar afirma que no entendió a la intérprete Abigail Medina, qué le estaba preguntando. Se entiende implícitamente que se debe a que Cirila no habla español de manera fluida ya que su primer idioma es el Chatino y porque la intérprete habla un dialecto caribeño del español de Puerto Rico y le hablaba muy rápido.
Cuando Cirila Baltazar preguntó por su niña, en el hospital le dijeron que regresara al día siguiente y después le comunicaron que se encontraba en un centro de adopción porque ella no iba a poder hacerse cargo de la recién nacida. Posteriormente, en el hospital dijeron que si insistía en que le devolvieran a su bebé, iban a notificar de su estatus migratorio al Departamento de Seguridad Nacional para su deportación.
Entre las acusaciones de la Juez Sharon Sigalas en contra de Cirila Baltazar se encuentra la de que vivía en una casa cuyo contrato de arrendamiento no estaba a su nombre y de que compartía la vivienda con otros hombres con quienes no tenía relación ni comunicación; no haber comprado pañales desechables, fórmula, leche y cuna para la bebé. Ella fue acusada de negligencia infantil y de poner en peligro la vida de su bebé al no hablar inglés y al vivir en condiciones precarias y que la niña nació de una “inmigrante ilegal”.
Después de las denuncias y presiones de las organizaciones de inmigrantes y personas solidarias de México y ante la censura legal de la juez a los medios de comunicación para difundir este caso, a través de un abogado y una intérprete profesional en el idioma chatino se ganó en la corte y Cirila Baltazar recuperó a su hija y regresó a su pueblo a Oaxaca, México en donde ahora vive feliz.
El hecho de que el Hospital Singing River no haya proporcionado a Cirila Baltazar un intérprete en su idioma indígena, violó sus derechos humanos y la ley del Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, emitida por el entonces presidente Lyndon B. Johnson, y la Orden Ejecutiva 13166, implementada por el presidente Clinton sobre el derecho de toda persona de tener un intérprete en las cortes de los Estados Unidos.
Como Ñuu Savi o Mixteco de Oaxaca, también estoy atento a los problemas con preocupación de la escalada de violencia que prevalece en varios estados de la República Mexicana y en particular lo que se vive en el municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, México.
Las muertes de Teresa Bautista de 24 años y Felicitas Martínez de 22 años, locutoras de radio Copala 94.9 FM La Voz que Rompe el silencio, fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril de 2008, por paramilitares apoyados por el gobierno estatal y federal.
El brutal asesinato de que fueron víctimas dos participantes en la caravana, la luchadora mixteca de los derechos humanos Beatriz Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola, que ocurrió el 27 de abril del presente año, es el reflejo de la existencia de grupos paramilitares dispuestos a seguir golpeando a la resistencia indígena, las acciones de organismos de derechos humanos y demás actores que desde hace varias décadas buscan la aplicación de la justicia y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
La lista de los asesinatos es interminable. El 21 de mayo fue asesinado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro; Anastasia Juárez, el 31 de Julio y la lista sigue. Es increíble como todos los días nos enteramos de más muertos. El 16 de septiembre las noticias dieron cuenta cómo el Palacio Municipal de San Juan Copala habia sido tomado por hombres armados después de varios meses de que la comunidad entera hubiera sido cercada y acosada por los mismos hombres armados.
Ulises Ruiz Ortiz, tomó posesión como “gobernador” de Oaxaca el primero de diciembre de 2004 y hasta mayo de 2006, habían los siguientes saldos: 26 líderes asesinados; 11 desaparecidos; 20 amenazas de muerte; 40 presos políticos; 600 detenidos; 50 heridos, 23 mujeres asesinadas y un exiliado en Canadá, y el ataque al periódico Noticias y suspensión de la libertad de expresión en general.
En mayo de 2006, inician las movilizaciones de 70,000 maestros que demandaban la rezonificación de sus salarios, desayunos escolares, uniformes, albergues etc. Una lucha que han realizado en los pasados 26 años por la sección XXII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). El 22 de mayo, inician un plantón indefinido en el zócalo de la ciudad de Oaxaca hasta que el 14 de junio el “gobernador” ordena a 2000 Policías Ministerial del Estado desalojarlos con violencia con los siguientes resultados: 3 muertos; 17 detenidos y 28 desaparecidos.
El 29 de octubre de 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, decide mandar a la fuerza represiva de la Policía Federal Preventiva “Para restablecer la orden y la paz”; con esto militarizó al estado; llegaron integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y desalojaron a los manifestantes del zócalo a pesar de las justas y legítimas demandas. El saldo fue: 81 detenidos; 77 desaparecidos; 28 heridos y 5 periodistas; se incrementaron a 20 muertes.
El 25 de noviembre de 2006, se dio un enfrentamiento entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la PFP con lo siguiente: 5 muertos; y son aprehendidos de manera indiscriminada 250 personas que son llevadas presos, 149 llevan a otros estados de México.
La indiferencia y pasividad del gobernador de Ulises Ruiz Ortiz ante estos sucesos lo hace cómplice y responsable de decenas de asesinatos, persecuciones, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, encarcelamientos y torturas. Y esto ha empujado a más migración a los Estados Unidos y otras partes de México.
Denuncio ante este foro, el autoritarismo de todos los que han sido gobernadores del estado de Oaxaca hasta ahora y en particular al todavía gobernador actual, que ancestralmente han permitido los asesinatos casi a diario en toda la región triqui, en particular San Juan Copala, que se encuentra en estado de sitio, sin energía eléctrica, agua, teléfono ni manera de salir en busca de atención médica, educación o trabajo.
Conclusión
Ante la masacre de las 72 personas, en San Fernando, Tamaulipas, México, exigimos que se aplique la ley para castigar a los culpables materiales e intelectuales de este vergonzante crímen.
Que México apruebe leyes en materia migratoria respetando los derechos humanos de los migrantes y sus familias que transitan por el país.
Que los tres niveles del gobierno trabajen en proyectos de desarrollo económico comunitarios en las zonas de fuerte expulsión de migrantes.
Seguimos luchando hasta lograr una reforma migratoria integral para todos los migrantes y nuestras familias en los Estados Unidos, como un derecho ganado por nuestra contribución al desarrollo de la economía del país, para evitar leyes locales y estatales antinmigrantes.
Nos oponemos al programa de los trabajadores invitados, huéspedes, braceros o como se llame, al menos que sus derechos humanos y laborales se respeten como de cualquier trabajador en el país.
Que el gobierno de los Estados Unidos, ratifique y firme la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y que se comprometa con la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otros.
Castigar con todo el peso de la ley a Ulises Ruiz Ortiz, como culpable de los asesinatos, torturas, desapariciones y encarcelamientos injustos que pasaron en su sexenio como “gobernador “ de Oaxaca en contra de los luchadores sociales y las muertes sin fin en las comunidades triquis.
Crear una zona libre de circulación de personas en toda América Latina, porque tenemos más problemas en común que diferencias, porque los idiomas que predominan son el castellano y los idiomas indígenas. ¡Si los gobiernos no toman esa iniciativa la sociedad civil lo debemos de hacer ya!
Pueblos en Movimiento por una Ciudadanía Universal: Derrumbando el Modelo, Construyendo Actores.
Ponencia en la Conferencia Inaugural de la IV edición del Foro Social Mundial de las Migraciones.
Quito, Ecuador a 8 de Octubre de 2010
*Director Ejecutivo del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño y Asesor General Binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales.
